Desde que la alianza Cambiemos asumió el gobierno, puso en duda los pilares en los que se basa el sistema universitario argentino: gratuidad, autonomía e inclusión. Pilares que tienen como antecedentes dos grandes sucesos históricos: Reforma Universitaria de 1918 y la sanción de la Gratuidad Universitaria en 1949.
A partir del 2003, la educación superior fue colocada al tope de la agenda política. Con un presupuesto más robustecido y un plan estratégico para incluir a muchos jóvenes, que hasta entonces no habían pensado en emprender sus estudios universitarios. El Estado comenzó a saldar una deuda histórica. La educación, puesta en relación con otras medidas inclusivas, permitieron imaginar un país a futuro.
La cuestión universitaria en Argentina reviste la noción de un sistema autónomo, público e inclusivo que se traduce en entender la educación universitaria como un derecho y no a través de la lógica de mercado. En este sentido, el Estado es el principal actor que debe promover y garantizar condiciones de viabilidad y sustentabilidad al sistema de educación superior. Un segundo eje se relaciona al modelo de país que comienza a diseñarse a partir de 2003. La universidad, en este sentido, cumple un rol protagónico, no solo por constituirse en una institución central para la inclusión social sino, además, porque contribuye de forma natural a un modelo económico de desarrollo basado en la industria nacional. Se trató de una construcción del rol de la Universidad como co-participadora del desarrollo de nuestro país.
Sin embargo, desde la asunción de Macri en el poder, y del Ministro de Educación Esteban Bullrich, la concepción del sistema universitario argentino, cambió rotundamente. La universidad dejó de ser un derecho de todos, para ponerse al servicio del mercado.
Es penoso observar el constante machacamiento desde los medios hegemónicos acerca de encontrar novedosas formas de plantear el ajuste.
No se trata de un hecho aislado, sino de una campaña que busca estigmatizar a la Universidad Pública bajo la falaz premisa de que, por ser Pública no es eficiente, ni eficaz y que esconde en su accionar fines inconfesables.
La idea busca dejar establecido que la educación pública universitaria no es eficiente en vez de admitir que en nuestras instituciones se genera una tarea homérica en relación a las partidas recibidas, las cuales, sin dudas, para ser un país en serio, deberían ser fondeadas de manera proporcional a las de los países desarrollados, es decir, lisa y llanamente, incrementarlas.
Por otro lado, las partidas presupuestarias, que a pesar del aumento, han dejado por debajo de la inflación el presupuesto del sistema universitario, dificultando el pleno y normal funcionamiento de nuestras instituciones.
Finalmente, la irrupción de las fuerzas policiales en la Universidad Nacional de Jujuy sin orden judicial, sólo por mencionar una de las tantas irrupciones de fuerzas de seguridad en las universidades en los últimos meses, da cuenta de otro grave daño a la autonomía universitaria.
Frente a estos hechos, es necesario preguntarnos como sociedad cuál es la universidad que deseamos para nuestro país. Sabemos que para las universidades, tanto las nuevas como las tradicionales, los desafíos de un país productivo y socialmente inclusivo requieren de una estrategia articulada con el Estado.
