Ayer Mauricio Macri volvió a referirse a la universidad pública como un “privilegio”, a la vez que dijo que el gobierno está trabajando para mejorarla. Sin embargo, la realidad muestra la flagrante contradicción entre sus dichos y los hechos. Hay desde el macrismo, más bien, un concreto intento de debilitar la estructura universitaria pública y mercantilizar la educación, a base de desfinanciamiento y de precarización de las condiciones laborales de los docentes.
En los últimos meses, toda la comunidad universitaria viene exigiendo que se cumpla con el presupuesto estipulado. Pero desde el gobierno no giran las partidas presupuestarias en algunos casos desde hace más de tres meses, lo que coloca a algunas casas de altos estudios en una situación límite. El atraso más la erosión inflacionaria y los tarifazos en los servicios hacen de todo esto un cóctel imposible.
En el mismo sentido, se han paralizado todas las obras de infraestructura que estaban en marcha en los complejos universitarios, y se aplazaron las que se proyectaban.
Se suma a todo esto el deterioro severo en el poder adquisitivo del salario docente en lo que va del año, problema que parece no ser tomado con seriedad por el gobierno: aún no hay una propuesta paritaria por parte del Ministerio de Educación que tome en cuenta los niveles de inflación (de marzo a junio la inflación fue de casi 11 puntos) y la repercusión de los excesivos aumentos tarifarios. Tampoco se vislumbra una nueva instancia de negociación.
Dicho todo esto, las declaraciones de Macri de que están trabajando para mejorar la universidad sólo pueden ser leídos desde el cinismo irónico. El verdadero fin parece ser transformar la educación en un bien de cambio, en una mercancía, dominada por la lógica de mercado neoliberal.
Un leve esfuerzo de la memoria basta para evocar aquellas declaraciones de la gobernadora Vidal, encuadradas en la misma lógica, en las que sostuvo que “nadie que nace pobre llega a la universidad”.
Contra todos estos atropellos del macrismo, la FEDUN se manifestó en estado de alerta y movilización y ha llamado, como primera medida, a un paro de 48 horas con cese total de actividades los días 6 y 7 de agosto.
Advierten, además, que no claudicarán en la defensa del proceso de democratización de la educación superior que, desde la Reforma de 1918, pasado por la gratuidad estatuida durante el gobierno de Juan Domingo Perón, hizo del sistema público universitario argentino, gratuito, inclusivo y de calidad, un faro para toda América Latina.
En esta línea, la declaración de la reciente Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018) refrenda “el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social».
